¿La adquisición de parte de InRetail del negocio de Mifarma a través de la compra de Quicorp constituye un peligro para los consumidores?

    Se ha hablado mucho que la unión bajo una misma empresa de las cadenas de boticas Inkafarma y Mifarma constituye un peligro para el consumidor, dado que bajo una supuesta posición de dominio podrían elevar el precio de las medicinas sin que el consumidor pueda hacer nada contra ello y tampoco tenga otra elección que seguir comprándoles.
    A continuación, algunas apreciaciones sobre este caso:
    Hasta ahora nadie se ha puesto de acuerdo sobre la participación de mercado que conlleva dicha integración horizontal bajo la modalidad de adquisición, Mercedes Araoz, por ejemplo habla de que el Estado participa de 80% del mercado de medicamentos, esto es una falacia, el mercado de medicamentos no es lo mismo que el mercado de farmacias y boticas, los medicamentos que compra el estado es para la atención de los pacientes que pasan por las entidades de salud públicas, no es normal que alguien se acerque hasta el hospital más cercano para comprarse una aspirina. Según la consultora IMS (citado por el diario El Comercio en su versión digital el 01 de febrero) la adquisición deja a la fusión con un 80% de participación de mercado de cadenas de farmacias, el error está en que las cadenas no incluyen a las farmacias y boticas independientes. Por otro lado, en el mismo medio el 31 de enero Jorge Lazarte Molina indica que existen 11,000 boticas de las cuales 9,000 son independientes, pero el tamaño de mercado se mide en base a unidades monetarias, no en número de establecimientos. Y en su editorial de El Comercio del día 30 de enero indica que con la adquisición de Quicorp por parte de InRetail, estarían llegando según la consultora IMS a un 55% de participación de mercado (por venta en unidades), lo que tampoco indica cuánto es en unidades monetarias.
    En resumen, nadie sabe exactamente cual es el tamaño del mercado, o no lo quieren decir. Lo más cercano sería ese 55% señalado por IMS, lo cual según el IHH (Índice Herfindahl-Hirschman) que mide el grado de concentración de mercado, si existe riesgo de perjuicio en el consumidor (este índice es usado en otros países para medir la formación de posibles monopolios debido a fusiones o adquisiciones). Y ante esto en otros países sobre todo desarrollados el estado interviene para analizar si esto pueda afectar al consumidor e impedirla en caso lo considere necesario.
    Ahora, el tema de precio si bien no es menor, no debe ser la principal preocupación, para ello está INDECOPI quien debe vigilar una posible concertación entre fabricantes y distribuidores (laboratorios y farmacias) y por otro lado estudios a nivel mundial demuestran que este tipo de integración horizontal con posiciones de dominio resultantes no afectan al consumidor en el tema de precio, incluso a veces lo favorecen, esto debido a la exigencia de los accionistas por mayor rentabilidad, lo que llevaría a las empresas a tratar de capturar un mayor ticket promedio del cliente, lo que se hace normalmente mediante ofertas y promociones que favorecen al cliente y no subiendo el precio como muchos piensan. La principal preocupación es que la capacidad de innovación ante la falta de competidores comenzará a brillar por su ausencia, acordémonos de los monopolios de telefonía fija cuando pertenecía al estado o en los primeros años de Telefónica, el servicio dejaba mucho que desear, esto era porque no existía competencia. La innovación en productos o servicios es máxima cuando la industria es muy competitiva y favorece al cliente y al país.
    Los reguladores antimonopolio en otros países no se fijan tanto en el problema del precio, sino más bien en si la capacidad de innovación en la industria se verá mermada y por lo tanto en el país. En el mismo sentido opinó Michael Porter al señalar que antes de ver cual debe ser el indicador IHH correcto se debe vigilar si la productividad se verá afectada, por que la productividad es la que está más acorde a los intereses de todos los involucrados, clientes, país, y accionistas.
    Por ello si es bueno que el estado pueda observar las fusiones o adquisiciones, pero no por las razones de posibles abusos en los precios, sino porque resta competitividad a la industria y al país, y esto a la larga perjudica al consumidor con un mal servicio.

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